En el peor de los escenarios, la propuesta planteada por el MAPA supondrá una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que, entre pago básico y pago verde, reciben actualmente los más de 232.000 agricultores y ganaderos andaluces.
Ante la insistencia del MAPA en un modelo de convergencia muy perjudicial para los agricultores y ganaderos andaluces
Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- han mantenido hoy una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio del ramo, Fernando Miranda, y la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, en la que los representantes del departamento de Luis Planas han defendido su postura sobre la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y el planteamiento sobre el futuro reparto nacional de los fondos.
Ante la insistencia por parte del Ministerio de ser consecuentes con el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC, publicado el pasado 27 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), organizaciones agrarias y cooperativas recalcan su negativa a un proceso no consensuado y acelerado, que ataca directamente a la principal región agraria de España, a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio. Asimismo, lamentan que no haya sido el propio Luis Planas el encargado de defender sus planteamientos frente a los representantes del sector, a los que tampoco les admitió las alegaciones presentadas el pasado mes de septiembre.
En su nombre, el propio secretario general ha reconocido hoy que Andalucía es una comunidad clave en el sector nacional. Sin embargo, los planteamientos del Ministerio sobre la transición de la PAC no son coherentes con el hecho de que el 34% de los perceptores de ayudas PAC en el conjunto nacional son andaluces ni con el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario que representa Andalucía en la economía de España.
Por ello, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sostienen que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz.
En cuanto al reparto nacional de los fondos, el Ministerio persiste en su idea de eliminar los derechos históricos, de reducir el número de regiones productoras y de impulsar un modelo de tasa plana. Una propuesta que se traducirá en la pérdida de alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces, según los datos manejados por las organizaciones firmantes. Además, dejará fuera de este sistema de ayudas a entre 54.000 y 120.000 productores andaluces.
Por ello, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía urgen al ministro de Agricultura, Luis Planas, a sentarse cara a cara con los representantes del sector agroalimentario andaluz, a retirar sin dilación el Real Decreto de transición y a trabajar en un plan estratégico nacional que permita cumplir con las directrices europeas, pero respetando nuestra diversidad productiva.
El sector agrario andaluz inicia período indefinido de movilizaciones en contra de la convergencia brusca de la PAC
Con motivo del Día Internacional de la Mujer #8M
SOS. Se está perpetrando un atraco. Perfectamente planificado, a plena luz del día, con guante blanco y con un relato mediático que disfraza el delito con una falsa pátina de solidaridad.
¿Las víctimas? Los hombres y mujeres del campo y el modelo social y profesional de la agricultura que mantiene vivos los pueblos de nuestra tierra, que genera empleo, fija población, que sostiene el sistema cooperativo y dinamiza las zonas rurales de Andalucía.
¿El ladrón? Un lobo disfrazado de cordero. Por sorprendente que parezca, es el ministro de Agricultura, Luis Planas, el caballo de Troya de los que quieren quedarse con nuestro tejido productivo. El ministro está obedeciendo los mandatos de los mercados financieros, una fauna integrada por especies tan peligrosas como bancos, grupos agro exportadores, fondos de inversión o paraísos fiscales.
No damos crédito a lo que está pasando. De la noche a la mañana, y a través de un decretazo en el que no se contó con la opinión del sector agrario, se cambiaron las reglas del juego, imponiendo nuevas normas de reparto de las ayudas de la PAC con una convergencia que, en ningún caso, estaba obligada por la UE y, por lo tanto, absolutamente innecesaria. Lo peor: que desde el primer minuto está atacando a los agricultores con las rentas más débiles. Ésta es la realidad, por mucho que la campaña propagandística del Ministerio contamine con mensajes demagógicos y manipuladores y confunda a la opinión pública.
Y es que es indignante que con este decreto se pegue el hachazo a los que menos renta y menos tierra tienen, como el caso por ejemplo, de un vaquero de Los Pedroches con 120 vacas y poca base territorial pero muy productivo, al que de un plumazo le quitan el 50% de la ayuda de pago básico. ¿Este ganadero es para Planas uno de los señores del campo a los que hace referencia cuando se le llena la boca hablando de solidaridad e igualdad, ejes de su relato perfectamente diseñado para falsear la realidad? Quien no te conozca que te compre, señor ministro.
A los que llevamos toda la vida trabajando la tierra y produciendo alimentos con responsabilidad social, como se ha podido comprobar en los momentos duros de esta pandemia, no nos va a dar coba. Aunque el impacto del decreto de convergencia y la futura reforma de la PAC se guarda con secretismo en el Ministerio, las organizaciones agrarias, unidas, hemos realizado nuestros propios informes, estos sí, sin trampas ni cartón. Y los datos contradicen totalmente el cuento que vende el ministro. Su reforma no sólo no favorece a los pequeños agricultores, sino que mete la mano en el bolsillo de los más débiles.
Si realmente su motivación fuera poner límite a los grandes perceptores de ayudas, lo podría hacer de una manera sencilla y justa, ya que existen herramientas como el ‘capping’ o el pago redistributivo que están permitidas por Europa, que limitan el cobro de ayudas por explotación. Esto le quita la careta al señor ministro.
¿Por qué, entonces, toda esta maniobra? ¿Qué esconde Planas? Tenemos clara la respuesta: quiere llevar las ayudas públicas, que deben apoyar al tejido productivo, a los agricultores y ganaderos de a pie y al medio rural, hacia los mercados financieros antes mencionados. Ni más ni menos. Lo que se traen entre manos es cambiar el modelo actual de ayuda individual de apoyo a la renta del que trabaja el campo y es productivo, a otro en el que prima la ayuda por superficie y, lo peor, la tasa plana, que homogeniza las ayudas para todas las hectáreas.
De esta manera, entran en el reparto de ayudas tierras que no se han dedicado a la actividad agraria nunca, por improductivas, estimamos que unas 10 millones de hectáreas en toda España. Estas tierras, que no producen valor añadido en las zonas rurales, y que están acaparando los fondos de inversión, son las que se quedarán con las ayudas que se les va a quitar, en ese hipotético reparto solidario, a los agricultores y ganaderos que sí trabajan y producen, y generan empleo y fijan población, etc. Los que tienen los pies en el barro, los que se levantan de madrugada a ordeñar, los que están entrampados hasta las orejas por invertir en innovación y en calidad… A esos agricultores y ganaderos, que son la mayoría en Andalucía, son a los que traiciona Luis Planas, el peor ministro de Agricultura de toda la historia.
Con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor funcionamiento. Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por escrito obligatorio como baluarte, que encontró – y encuentra – muchas resistencias. Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar. La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedentes desde las históricas de 1977, con un sector harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada vez más desregulado y volátil, y con crecientes importaciones sin la justa equivalencia y control de estándares. La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la Covid-19, provocó la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la desconvocatoria de las reivindicaciones.
Las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como eso. La prohibición de comprar por debajo del precio de coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutamente necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país. Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable, como comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la cadena. Cuando hace más de siete años se aprobó la Ley también proclamaban los agoreros que no sería aplicable y, aunque con zancadillas y gradualmente, se va aplicando.
Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad. Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada Directiva.
Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: el funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente.
Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios.
Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.
Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.
También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE.
Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores.
Pedro Barato Triguero. Presidente de ASAJA
Miguel Blanco Suaña. Secretario General de COAG
Lorenzo Ramos Silva. Secretario General de UPA