COAG da la voz de alarma en su último informe, presentado hoy en La Rioja:
“España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos”
El Reglamento (UE) 2024/3012, en vigor desde diciembre de 2024, abre por primera vez un mercado europeo de certificación del carbono agrícola. Bruselas tiene hasta 2027 para aprobar las metodologías que lo harán operativo; durante 2026, España debe transponer el marco y decidir quién podrá acceder a él. COAG advierte: si la normativa no vincula la certificación al agricultor activo, los fondos de inversión podrán acaparar las ayudas, elevar el precio de la tierra y expulsar al agricultor profesional del sistema antes de que las reglas definitivas estén escritas.
DESCARGA INFORME COMPLETO La agricultura del carbono en España
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado hoy el informe La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social, un análisis exhaustivo sobre el papel del sector agroalimentario en la lucha contra el cambio climático. La conclusión es tan clara como provocadora: el agricultor español lleva generaciones siendo el mayor aliado del clima y nadie le ha compensado por ello.
Manuel Linares (izq), co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas, junto a Roberto Ruiz-Clavijo (UAGR COAG La Rioja)
LAS CIFRAS QUE CAMBIAN EL RELATO
| 310 MtCO₂ | de absorciones que la UE exige a los suelos europeos en 2030. Sin la agricultura, imposible. |
| 2 millones hectáreas | de tierras en España bajo agricultura de conservación que ya están capturando carbono, sin certificar. |
| 0,5 tC/ha/año | de carbono adicional que acumula un viñedo o un olivar con cubierta vegetal, según datos del IFAPA. |
| 4.000 empresas | españolas obligadas desde 2026 a medir su huella de carbono y que necesitarán compensarla. |
EL AGRICULTOR QUE YA HACE LO QUE EUROPA ACABA DE REGULAR
En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tardó décadas en reconocer lo que COAG lleva tiempo defendiendo: los suelos agrícolas bien gestionados son sumideros de CO₂, no sólo fuentes de emisiones.
El informe de COAG revela una paradoja estructural: la agricultura española practica ya, sin cobrar, buena parte de las técnicas que el nuevo reglamento europeo pretende incentivar y certificar. El pastoreo extensivo en dehesa, las cubiertas vegetales en viñedo y olivar, la incorporación de restos de poda al suelo, las rotaciones tradicionales de cereal y leguminosa… son prácticas enraizadas en el saber agronómico de generaciones que han contribuido a mantener e incrementar el carbono orgánico del suelo sin que este esfuerzo haya sido nunca reconocido ni remunerado.
Los suelos agrícolas almacenan entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico, según el IPCC — más que toda la atmósfera terrestre. En España, los ecosistemas agrarios mediterráneos, con sus suelos degradados por el clima y la historia, tienen además un alto potencial teórico de secuestro incremental si se aplican las prácticas adecuadas.
| «La función de sumidero del sector agrario es un bien público que debe ser remunerado con garantías públicas. El mercado privado puede ser un complemento, pero nunca el único mecanismo.» COAG |
OPORTUNIDAD Y TRAMPA: LO QUE ESCONDE EL MERCADO DE CARBONO
El informe de COAG no es un alegato ingenuo a favor de los mercados de carbono. Es, sobre todo, una advertencia sobre sus riesgos si no se diseñan correctamente.
La principal amenaza que identifica la organización es la financiarización de la tierra agraria. Si los mercados de carbono permiten que fondos de inversión adquieran grandes superficies de secano para plantar cubiertas vegetales certificadas sin producción alimentaria real, el modelo social y profesional de agricultura quedaría directamente amenazado: más presión sobre el precio de la tierra, más concentración de la propiedad, más agricultores expulsados del sistema.
A esta amenaza se suma la exclusión estructural de las explotaciones familiares. Los costes de auditoría, medición y certificación generan economías de escala que benefician a las grandes explotaciones y penalizan a las pequeñas. “Una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en la Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla”, ha subrayado Manuel Linares, co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas.
LAS PROPUESTAS DE COAG: 19 MEDIDAS CONCRETAS
Frente a estos riesgos, COAG no opta por el rechazo. Opta por la exigencia de condiciones claras. El informe formula 19 propuestas articuladas en seis ejes:
- Certificación grupal operativa a través de cooperativas, con costes proporcionados a la dimensión de la explotación.
- Compatibilidad entre los eco-esquemas de la PAC y la generación de créditos de carbono: el eco-esquema remunera la práctica; el crédito remunera el resultado. No es doble cobro.
- Vinculación de la certificación de carbono al agricultor activo: los fondos de inversión sin actividad agraria real quedan fuera.
- Fondos de garantía colectivos que absorban el riesgo climático de reversión, sin penalizar al agricultor por una sequía o una DANA.
- Creación de una autoridad nacional de coordinación que integre MAPA, MITECO y Comunidades Autónomas.
- Líneas base normalizadas que reconozcan y remuneren a quienes ya gestionan bien sus suelos, no solo a quienes transitan desde prácticas degradativas.
| COAG alerta: a marzo de 2026, la Comisión Europea todavía no ha aprobado las metodologías de certificación específicas para la agricultura. Ese vacío lo están ocupando ya plataformas privadas y fondos de inversión que imponen sus propias condiciones a los agricultores. |
