Estupefacción ante las falsedades del ministro: “O no sabe del tema o está ocultando algo”

• COAG Andalucía muestra su preocupación ante el discurso del ministro de Agricultura, quien nunca ha buscado como afirma el diálogo con los agricultores y ganaderos, a los que debería defender, “en vez de favorecer el expolio de nuestro tejido productivo a manos de los fondos de inversión y los mercados financieros”.

• El responsable de COAG Andalucía desmonta las afirmaciones de Planas: El presupuesto de la PAC se ha recortado; el reparto de derechos no es reparto de rentas; muchos profesionales y explotaciones familiares de Andalucía, autónomos del campo, pueden perder hasta un 70% de las ayudas; el 0,6% de los perceptores recibe el 17% del presupuesto en España, mientras que en Andalucía ese mismo porcentaje de beneficiarios de ayuda recibe el 24% del total.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía no da crédito a lo manifestado hoy por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista televisiva. Esta organización muestra su preocupación ante el discurso cargado de falsedades de Planas, lo que parece indicar que el enemigo está en casa. En vez de defender a los agricultores y ganaderos, se va a favorecer el expolio de nuestro tejido productivo a manos de los fondos de inversión y los mercados financieros.

Y es que el titular de Agricultura ha realizado unas declaraciones que pueden ser rebatidas una por una. Por ello, el secretario general de COAG Andalucía, considera que el ministro ha dejado claro que “o no tiene ni idea del tema, o está ocultando algo”.

Para empezar, el ministro asegura que no hay recorte presupuestario de la PAC, cuando sí lo hay. “El presupuesto baja. La actualización del límite máximo presupuestario de pago básico supondrá una modificación lineal de los derechos que se estima en torno al 1,8%”, señala Miguel López.

Por otro lado, Planas ha afirmado que siempre ha buscado el diálogo con el sector para consensuar las políticas agrarias, justo cuando se está negociando el próximo escenario de la PAC. “Esto no es así –asegura López-. Es cierto que ha habido reuniones, precisamente en la que todo el sector le hemos alertado sobre la gravedad del impacto de las medidas que recoge el decreto, por las importantes alteraciones en el reparto de los recursos sin tener en cuenta las distintas realidades productivas. Pero el ministro ha hecho oídos sordos y nunca ha puesto encima de la mesa un informe de impacto que demostrara que nuestros temores son infundados”.

En este sentido, el responsable de COAG Andalucía explica que “en Andalucía hay un 25% de agricultores y ganaderos que tienen derechos que superan la media regional en más de un 30%. Son cerca de 60.000 explotaciones familiares, autónomos del campo, que pueden perder un 40, un 50 y hasta un 70% de las ayudas”.

Respecto a la convergencia, COAG Andalucía ha rescatado unas manifestaciones de Planas cuando era consejero de Agricultura de Andalucía. Así, en junio de 2013, el ahora ministro valoraba que se hubiese logrado limitar la convergencia interna al 60% del pago medio de su región o país, así como destacaba que la media actual por beneficiario en España era de 5.600 euros, “frente a los 15.000 de un agricultor alemán o los 20.000 de un francés”. El giro que ha dado Luis Planas es, por tanto, considerable.

Asimismo, Miguel López explica que “el proceso de convergencia incluso al 100% en las regiones que existen no afecta presupuestariamente a Andalucía. No estamos hablando de presupuestos regionales, estamos hablando de personas, de explotaciones familiares profesionales que se dedican a la actividad agraria y que perderán una parte importante de su renta. No es dinero para los kilómetros cuadrados, como ha dicho hoy”.

Más afirmaciones a rebatir: el 20% de los perceptores de la PAC se quedan con el 80% de las ayudas. “Esto es aun más grave –dice Miguel López-. Para intentar justificar su medida, manipula los datos al hablar del reparto de renta. Su decreto no va dirigido a atajar esta desigualdad, sino todo lo contrario, la va a agrandar. La realidad en Andalucía es que el 0,6% de los perceptores recibe el 24% del presupuesto. Esta sangrante situación, con la que COAG no está de acuerdo, va a ir a peor con el decreto de Planas, que no establece límite y, por lo tanto, quien más hectáreas tenga, más va a cobrar. En España el 10% de las explotaciones concentra el 65% de la superficie, que son las menos productivas, las que no invierten y las que no generan empleo. A esta gente es a la que va a favorecer Planas con su decreto”.

“Parece mentira –continúa- que el ministro equipare homogeneización de valores unitarios de ayuda (proceso de convergencia) con mejor reparto de rentas. No se puede tolerar. Reparto de derechos no es reparto de rentas. Las explotaciones más pequeñas tienen asociados derechos de pago más altos, por lo que la convergencia de derechos provoca divergencia de rentas”.

“Además –añade-, ¿cómo hará para incrementar la renta de esas personas que reciben menos ayudas? Para conseguir ese acercamiento de rentas que propugna, se deben considerar otras herramientas que no incluye en el debate: el capping, que es limitar las ayudas por beneficiario a un techo máximo, y el pago redistributivo, una herramienta que recoge el reglamento (ya lo hacía en el marco actual) y que reorienta los fondos detraídos del capping, pudiéndose destinar a quienes viven fundamentalmente de la actividad agraria”. En cuanto al capping (que podría tener un techo de 60.000 euros según el reglamento europeo), Planas lo fija en 100.000 euros, por lo tanto, no quiere ayudar a agricultores que tienen menos rentas como ocurre en Andalucía, por debajo de la renta agraria media española.

Por último, y en relación a la insistencia del ministro en que su decreto va a favorecer el relevo generacional con el abandono del sistema de derechos, desde COAG Andalucía se especifica que la desaparición de los derechos significa que la tierra es la que tiene derecho a cobrar, y no quien la gestiona. “Habrá que ver cómo acceden a la tierra, no ya los jóvenes, sino cualquiera. Además, desaparecería la reserva nacional de derechos, que asigna derechos a los jóvenes en la actualidad: entre 2015 y 2019 han recibido derechos 16.301 jóvenes, con pagos por valor de 250,2 millones de euros (sin contar el incremento de las ayudas de los jóvenes durante los primeros cinco años)”, concluye López.